Los candidatos a la Presidencia, utilizan todos los medios posibles para poder llegar a todo tipo de gente, sobretodo a ese electorado internauta con un perfil muy claro; joven, que evita la televisión, varón y menor de 36. el informe Proyecto Internet Catalunya, realizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y financiado por la Generalitat concluyó que los usuarios del mundo virtual son más activos, tienen más amigos, están más implicados en la vida política y tienen menos depresiones. Las octavillas y los carteles están dejando paso al mundo de internet mucho más interactivo, ecológico y barato.
Aquí os hemos dejado webs y blogs, progresistas, de diputados,candidatos. Os invitamos a navegar por toda esta blogosfera.
Por ahora nos va mucho mejor que a Rajoy, que ha tenido problemas técnicos con su web. Toda la tarde del 19 de diciembre, cualquier usuario podía entrar y modificar los contenidos de su web, nadie puso zapatero presidente, nadie lo hizo. Esto puede ser o porque no nos va el juego sucio o porque nadie o casi nadie entra en su web.
¿Nos gustan este tipo de campañas y acercamiento a los jóvenes? ¿qué pensáis de la web de zp?
3 comentarios:
Me ha encantado tu blog!! Me llevo el comunicado al mio y te pongo en favoritos para visitarte a menudo!
saludos desde Melilla
www.yeray.es.kz
Oyes lo de Felipe González, por el cambio debe ser una broma, mira ya intentó cambiar España y lo único que consiguió fue, Roldan, Fondos Reservados, Gal, y hacerse el hombre más adinerado,--después del Rey-- y el ingreso de los Guardias civiles democráticos en prisión, fíjate si tengo razón que en noviembre de este año el TEDH condenó a España por vulnerar derechos humanos de los guardias civiles, aún recuerdo el informe que le entregué al Señorito González y la solicitud de registro de una asociación cultural y deportiva que nos llevo del registro central a la cárcel. No me digas que ese es el cambio por favor que el Rey Sol se vaya como sabio para Europa, sabio no sé si será pero listo, que lo pregunten en Africa donde la construcción Europea va como un tiro para los listos.
Alguno se olvidan de lo que fue Felipe Gonzalez para España...
Con la llegada al Gobierno de los socialistas se despertó en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de cambios a todos los niveles (justamente, González resumía en ese término, El Cambio, el proyecto que encarnaba), en un país que en numerosos aspectos permanecía atrasado, pero también temores entre los votantes conservadores por las decisiones radicales que pudieran adoptar. No obstante, aparte algunas acciones de signo izquierdista en los primeros meses de su mandato, González no tardó en moderarse, tanto en el discurso como en la práctica.
En el campo social, el país experimentó grandes progresos, como la universalización de la educación pública gratuita hasta los 16 años y la multiplicación de oportunidades de acceso a la universidad (leyes orgánicas del Derecho a la Educación, LODE, de 1984, y de Ordenación del Sistema Educativo, LOGSE, de 1990) y la dotación de un amplio sistema de Seguridad Social, teniendo como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes. Jalón de la modernización -aunque mejorable- para las asociaciones feministas, decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica, constituyó, el 5 de julio de 1985, la despenalización parcial del aborto, que había sido aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 1983 y por el Congreso en octubre siguiente, en virtud de la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, la cual autorizaba la interrupción del embarazo en centros públicos o privados en los supuestos criminológico (caso de violación, dentro de las 12 primeras semanas de gestación), eugenésico (malformación del feto, dentro de las 22 primeras semanas) y terapéutico (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, sin límite temporal).
En 1983 se acometieron con mano firme una traumática reconversión industrial y otras reformas estructurales que González consideraba ineludibles para la modernización del país. Aquel año (23 de febrero), el Gobierno expropió por decreto el holding empresarial Rumasa, uno de los mayores grupos privados del país y que se encontraba en situación de quiebra, como fórmula temporal para preservar los ahorros bancarios de los depositarios y los 60.000 puestos de trabajo. Medida intervencionista espectacular y polémica, la oposición del centro y la derecha la cubrió de críticas no tanto por la cuestión de su necesidad como por el procedimiento expeditivo empleado, aunque el PSOE ganó para su lado a los comunistas y a los nacionalistas vascos en la convalidación parlamentaria del decreto-ley de expropiación. En diciembre de 1986 el Tribunal Constitucional zanjó que la decisión gubernamental de 1983 sobre Rumasa se ajustaba a ley y el largo proceso jurídico sobre la expropiación tocó a su fin.
El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó asimismo la reestructuración de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías locales del País Vasco, Asturias, Cantabria y Valencia. La cascada de despidos laborales que se produjo convirtió en un fiasco la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros, que tenían unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado fue otra oleada huelguística sectorial en el País Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. La aparente contradicción anidaba en los planes del Gobierno, que sostenía que para crear o mantener empleos antes había que sacrificar otros.
El control de la inflación, que alcanzaba el 14,6% a finales de 1982, constituyó un objetivo confeso desde el primer momento que quedó a las claras tras el pronto abandono de las políticas estatalistas. Siguiendo la pauta de los socialistas franceses, González fue decantándose por un pragmatismo promercado que intentaba aunar la liberalización de la economía y una política social activa, lo que le granjeó la confianza del gran capital y la patronal. Esta última, que venía pregonando que sin podas en el déficit público y en los tipos de interés, y sin la flexibilización del mercado de trabajo, no vendrían inversiones ni se crearía empleo, accedió a firmar el Acuerdo Económico y Social con el Gobierno y los sindicatos cuando apreció que el primero estaba asumiendo lo esencial de sus tesis.
Si bien la macroeconomía funcionaba, pasando el quinquenio 1985-1989 por una fase de crecimiento expansivo con inflación moderada y entrada masiva de capitales extranjeros atraídos por los elevados tipos de interés, con el consiguiente impacto en la balanza de pagos, los sindicatos entendieron que aquello se hacía a costa del bolsillo o el puesto del trabajador, además de poner en cuestión observadores terceros el carácter verdaderamente productivo de ese crecimiento.
En la segunda mitad de la década de los ochenta, diversos colectivos que se sentían atacados por las reformas del Gobierno protagonizaron una fuerte conflictividad social. El descontento laboral desembocó en las huelgas generales, convocadas por las principales centrales sindicales (incluida la UGT) del 20 de junio de 1985, contra la reforma legal de la Seguridad Social, y la más masiva del 14 de diciembre de 1988, contra el Plan de Empleo Juvenil y las revisiones a la baja de los salarios de los funcionarios, que paralizó el país por primera vez desde 1934. Para las organizaciones sindicales y la oposición a la izquierda del PSOE, la política del Gobierno de González era cada vez más favorable a los empresarios, lo que hacía muy difícil aceptar sus propuestas de concertación social.
En 1985 el Gobierno socialista inició también el proceso de reestructuración de las compañías de titularidad pública, que entonces se aproximaban a las 200, sin contar los varios centenares de firmas que dependían del Estado de manera indirecta al tratarse de filiales o subfiliales de las anteriores. Este vasto patrimonio estatal se abrió parcial o totalmente a la capitalización privada, mediante venta directa (automóviles SEAT, altos hornos Sidenor, Enagás), mediante venta de acciones en bolsa, o bien a través de concurso público de ofertas, y algunas firmas que no eran rentables o no encontraban comprador fueron liquidadas.
Sobre todo, el parque de empresas del Estado experimentó un proceso de racionalización directiva, con asunción de la mentalidad empresarial de mercado y énfasis en la eficiencia de los holdings públicos que tenían encomendada la gestión de las compañías. La gran privatización del sistema sería efectuada por futuros gobiernos; con González, ese proceso arrancó, pero más importancia adquirió la reorganización de sectores productivos enteros y las fusiones que afectaron a muchas corporaciones, antes o durante su privatización parcial, en aras de la modernización y la competitividad.
Las realizaciones más visibles de este proceso de concentración de empresas de un mismo ramo y de holdings gestores correspondieron al último lustro de la presidencia de González. En mayo de 1991 nació la Corporación Bancaria de España (CBE) como sociedad estatal y entidad de crédito que reunía a seis bancos públicos: el Banco Exterior de España, la Caja Postal de Ahorros, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local y el Banco Hipotecario de España. El macrogrupo bancario, que mantenía su naturaleza pública, era una operación necesaria ante las recientes fusiones en la banca privada, y de hecho se convertía en la principal entidad financiera del país, por delante del potente Banco Bilbao Vizcaya (BBV).
En julio de 1992 nació el holding público multisectorial Téneo, vasta sociedad anónima que acogió a todas las empresas rentables, 47, del Instituto Nacional de Industria (INI, creado por Franco en 1941) y desvinculadas de los presupuestos generales del Estado. Más tarde, en junio de 1995, INI-Téneo y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH, surgido en 1981), a cuyo cargo estaba la petrolera Repsol -principal compañía industrial del país por volumen de negocio-, fueron disueltos y en su lugar se establecieron dos nuevos entes, la Agencia Industrial del Estado (AIE) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
De acuerdo con el nuevo esquema, las empresas deficitarias que sí dependían de los presupuestos generales quedaban bajo responsabilidad de la AIE, mientras que Repsol y el grupo Téneo se subordinaban a la SEPI, también conocida en adelante y por unos años como SEPI-Téneo. Por otro lado, el Grupo Patrimonio dio lugar a una doble Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II). En todos estos años, los holdings de turno fueron vendiendo paquetes de acciones de, entre otras, la eléctrica Endesa, la electrónica Indra, la papelera ENCE y el monopolio Telefónica, amén de la CBE (futura Argentaria) y Repsol.
En otro terreno, el de la España de las Autonomías, asentada en la Constitución de 1978 y que terminó de articularse en los primeros años del Gobierno socialista con la elaboración y entrada en vigor de los estatutos de las comunidades de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Baleares (febrero y marzo de 1983), y de las ciudades de Ceuta y Melilla (marzo de 1995), González encajó el que entonces se consideró su primer revés serio. Fue en agosto de 1983 con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a la controvertida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), defendida a capa y espada por el PSOE y la UCD, y considerada por el PCE y los nacionalistas catalanes y vascos un instrumento del Gobierno del Estado para cortocircuitar las competencias y las normativas aprobadas por las asambleas autonómicas. El Tribunal estimó que 14 de los 38 artículos de la LOAPA no se ajustaban a la Constitución de manera parcial o total.
3. Relanzamiento de las relaciones internacionales
En el plano exterior, los gobiernos de González confirieron el impulso definitivo a la apertura iniciada por los primeros gobiernos democráticos. La diplomacia española en este período adoptó un estilo no especialmente distintivo y, antes bien, buscó la normalidad y rechazó el unilateralismo.
Se establecieron relaciones diplomáticas con Israel el 17 de enero de 1986 (vísperas de la cumbre en La Haya de González y el primer ministro Shimon Peres), pero este acercamiento, con todo el simbolismo histórico que entrañaba, no mermó la tradicional simpatía por la causa árabe: como contrapartida, el 14 de agosto del mismo año la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) vio reconocido el estatus diplomático para la oficina que tenía abierta en Madrid desde 1977. Esta singular dualidad fue reconocida con la celebración en Madrid, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1991, de la histórica Conferencia que puso en marcha el proceso de paz en Oriente Próximo.
También se fortalecieron los vínculos con Marruecos, firmando González en Rabat un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación el 4 de julio de 1991 en presencia del rey Hasan II y arrancando dos años después el formato de las reuniones de alto nivel (RAN) o cumbres entre los respectivos jefes de Gobierno, así como América Latina, destacando aquí una implicación española muy importante en el proceso de paz para Centroamérica desde la aparición del Grupo de Contadora y el inicio de las cumbres iberoamericanas anuales, cuya segunda edición se celebró en Madrid el 23 de julio de 1992.
Por lo que respecta a Estados Unidos, la voluntad de entendimiento quedó expuesta el 20 de abril de 1983, dos meses antes del primer viaje oficial de González a Washington, con la ratificación del Convenio bilateral de Amistad y Cooperación, firmado por primera vez en 1953. En los años siguientes se renegociaron, con dificultades por el debate público sobre la pertenencia a la OTAN (desde el 30 de mayo de 1982), los tratados militares vigentes, que concluyeron con una disminución importante de la presencia militar estadounidense en territorio español, donde contaba con tres facilidades aéreas (Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera) y una aeronaval (Rota). El 1 de diciembre de 1988 España y Estados Unidos firmaron un Convenio de Cooperación para la Defensa.
Durante la crisis de Kuwait (1990-1991) González ejerció como un aliado sólido de la superpotencia, enviando buques de guerra al dispositivo naval que vigilaba el embargo internacional a Irak y cediendo las instalaciones de Morón de la Frontera y Torrejón de Ardoz a los bombarderos estratégicos camino del país árabe, aunque no por ello dejó de objetar aspectos de la táctica de la ofensiva aérea contra el poderío de Saddam Hussein, en particular la asunción de daños colaterales.
Al cabo de varios meses de ambigüedad y vacilaciones, González recicló un acendrado discurso del partido y pasó a defender vigorosamente la permanencia en la OTAN en las condiciones del ingreso en mayo de 1982 (participación normal en las instancias civiles y castrenses de la Alianza, pero fuera de la estructura militar integrada, reservándose el Gobierno español el control operativo de sus tropas en caso de movilización), que la consideraba inseparable de su proyecto de inserción del país en las estructuras europeas.
La cuestión, debatida cuando la Guerra Fría todavía determinaba las relaciones internacionales y las polémicas acaloradas sobre los euromisiles y el pacifismo neutralista recorrían Europa Occidental, obtuvo el 52,5% de los votos favorables (aunque con una abstención del 40,2% del censo) en el referéndum del 12 de marzo de 1986, el cual polarizó a la opinión pública y corrió el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre el Gobierno. De hecho, años después González consideraría esta consulta como "el mayor error" de su etapa presidencial.
En relación con lo anterior, una labor de gran importancia aunque opaca para el público, fue la reforma del Ejército, conducida sin estridencias y con habilidad por el ministro de Defensa, Narcís Serra i Serra, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y uno de los dirigentes del socialismo catalán. Iniciada ya en la etapa ucedista y facilitada ahora por la moderación ideológica del PSOE y de González, la promoción del apoliticismo y la profesionalización de los mandos acabaron definitivamente con el espectro golpista y, en un sentido general, con la tradición de inmiscuirse en los asuntos extramilitares, que había durado casi dos siglos.
Pero la piedra angular de la política exterior de González fue la adhesión de España a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 y efectiva el 1 de enero de 1986. Todos los gobernantes del país habían perseguido con ahínco desde 1977 un ingreso en el que veían el remedio a la marginación secular de España en el concierto económico y político de las potencias vecinas. Desde la primera presidencia semestral del Consejo, de enero a junio de 1989, hasta la segunda, de junio a diciembre de 1995, el peso específico de España y la influencia de González en la Unión Europea (UE) fueron parejos a su adscripción a las tesis más europeístas.
En la etapa de González España participó por primera vez en operaciones militares en el exterior con carácter humanitario o de pacificación (África austral, Centroamérica, Kurdistán, Bosnia-Herzegovina), con crecientes asunción de responsabilidades y número de tropas implicadas. 1989 fue el año en que España comenzó a tomar parte en operaciones de la ONU, a las que siguieron otras misiones en los ámbitos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Europea Occidental (UEO) y la OTAN. El 1 de julio de 1994 España se integró en el Cuerpo de Ejército Europeo o Eurocuerpo, que animaban Francia, Alemania y Bélgica. Además de con los países limítrofes, Francia, Portugal y Marruecos, los gobiernos socialistas institucionalizaron con cumbres regulares las relaciones con Italia y Alemania.
Helmut Kohl agradeció el gesto de González de apostar por la unificación después del derrumbe del Muro de Berlín (en Madrid se recordaba la actitud en igual medida del canciller, contrastada con las reluctancias francesas, con respecto a la aspiración comunitaria española) con un respaldo decisivo a la hora de negociar el reparto de las ayudas y subvenciones de la UE. Desde que se convirtió en socio comunitario, las relaciones con Francia, resentidas por los santuarios en suelo galo de los que ETA había gozado hasta entonces y la disputa por los mercados agrícolas, adquirieron una dimensión de cooperación a todos los niveles.
Las relaciones con el Reino Unido discurrieron por un vericueto igualmente positivo que hizo posible el 5 de febrero de 1985 el restablecimiento de las comunicaciones, bloqueadas por Franco en 1969, entre España y Gibraltar. A cambio, Londres se comprometió a discutir con Madrid el futuro de su última colonia en territorio europeo, si bien cuando González salió del Palacio de la Moncloa once años después no se había avanzado en nada que relativizara la soberanía británica sobre el peñón.
En diciembre de 1995, en el último tramo de su mandato y coronando la presidencia semestral española de la UE, brilló especialmente el protagonismo exterior de González. Madrid fue el escenario de la firma de la Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos el día 3, del Consejo Europeo que aprobó el nombre de euro para la futura moneda común europea los días 15 y 16, y del Acuerdo Interregional con el MERCOSUR el día 15. Poco antes, el 27 y el 28 de noviembre, Barcelona había acogido la I Conferencia Euromediterránea (CEM).
A título más personal, en tanto que presidente de turno del Consejo de la UE, González representó a la organización europea en la solemne firma en París el 14 de diciembre por los presidentes ex-yugoslavos involucrados del acuerdo de Paz para Bosnia-Herzegovina, compartiendo testimonio garante con Kohl, el francés Jacques Chirac, el estadounidense Bill Clinton, el británico John Major y el ruso Viktor Chernomyrdin.
Qué grande Felipe!
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